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Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita y el Financiamiento al Terrorismo

Aun cuando este espacio no lo tenemos pensado para abordar de manera técnica ningún tema jurídico, si no por el contrario, de una manera práctica, en lenguaje sencillo y comprensible, en esta ocasión por la trascendencia del tema daremos un poco más de información técnica, fechas y situaciones que aunque áridas por sí mismas, nos permiten contextualizar de una manera correcta el ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito?

También nos permitirá formar un criterio personal sobre los efectos económicos y sociales que la entrada en vigor de este ordenamiento causará en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos, ya sean estudiantes, amas de casa, empresarios, empresas, comerciantes, pequeños comerciantes o profesionistas, nadie se escapa de esta... ¡Culpable o no!

El pasado 17 de octubre de 2012 el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que sería en mi criterio el broche de oro a uno de los ejes de acción de su "Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012" que es "El Estado de Derecho y la Seguridad Publica".

Este eje constituye la primera meta de lo que denominó como "Visión México 2030".

El 21 de agosto de 2008 por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública se acordó el cumplimiento de 75 acciones específicas para abatir la inseguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008.

Cabe señalar que en este acuerdo se contemplan los compromisos firmados por el Gobierno Federal, los Titulares de los Órganos Ejecutivos de las Entidades Federativas (entiéndase gobernadores), así como, los representantes de los Poderes de la Unión (dígase Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), del sector Productivo Nacional, Asociaciones Religiosas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Medios de Comunicación.

Derivado de los planes y acuerdos antes mencionados, es que nace, de manera concreta "La Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo" esta estrategia posteriormente seria el detonador para dar nacimiento a la "Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita y el Financiamiento al Terrorismo" (en lo sucesivo la LEY).

En la exposición de Motivo del Decreto por el cual se expide la LEY, en el apartado I romano, Contexto general, explica como a pesar de los logros alcanzados, hay mucho trabajo que hacer, particularmente en los diferentes sectores al sistema financiero y por lo tanto señala tres medidas medulares de este nuevo ordenamiento legal.

  • I. Restringir las operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada.
  • II. La generación de informes a través de reportes a las autoridades administrativas.
  • III. La creación de facultades de coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información con el objeto de generar mejores estrategias para combatir a la delincuencia.

Lo primero que nos inquieta es la amplitud del marco de aplicación, como se puede ver se excluye al sistema financiero ya que por si está altamente supervisado y regulado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo SHCP), La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero se pretende que esta Ley regule toda la actividad económica, financiera, comercial y en general el uso de la moneda de curso legal de nuestro país, los metales y piedras preciosas.

Evidentemente hay un grupo de personas a quien está dirigido todo este ordenamiento, que a criterio de la LEY en comento, son un segmento altamente vulnerable que incluso en contra de su voluntad pueden ser un medio para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de terrorismo.

A las personas antes mencionadas en el ámbito internacional se les conoce como "Gatekeeper" y en algunos foros internacionales como el G-8 Moscú 1999 se ha considerado a los siguientes:

  • 1. Abogados
  • 2. Fedatarios públicos
  • 3. Proveedores de algún servicio
  • 4. Agentes inmobiliarios
  • 5. Fideicomisos
  • 6. Comerciantes de ciertos bienes
  • 7. Contadores
  • 8. Auditores
  • 9. Otros profesionistas

Como podrán notar la lista incluye casi a todas las personas y actividades que realizamos día con día, esta es la amplitud que se pretende, un poder casi desmedido que convierte a un número muy importante de personas, gremios y actividades en sujetos de una atención especial del Estado, obvio en perjuicio de todos los ciudadanos que se verán afectados por los procesos y requisitos a cumplir, ni hablar de los sobre costos asociados a lograr el cumplimiento de los avisos y reportes de operaciones como veremos más adelante.

En resumen la pretensión es que a todos los sujetos, incluyendo el Estado les impongan como obligación:

  • a) La implementación de medidas básicas que permitan conocer la verdadera identidad de las personas que realizan actos, operaciones o soliciten servicios.
  • b) El establecimiento de un mecanismo adecuado que permita reportar a la autoridad competente información sobre que pueden ser susceptibles de formar parte de una mecánica de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.
  •     

En este sentido el estado busca cumplir con las recomendaciones de la GAFI, de la GAFISUD y el FMI (respectivamente Grupo de Acción financiera, Grupo de Acción financiera Sudamérica y el Fondo Monetario Internacional) ya que estas entidades llevan a cabo una evaluación sobre el cumplimiento que tiene México en torno a los estándares emitidos por esta agrupación y en ese sentido se tuvo como no cumplida la 12ª recomendación, por ende se propone se expida la LEY.

Lo anterior con el propósito de que el Estado cuente con una herramienta física para el combate a la delincuencia organizada.

Esta estrategia que aparentemente es parte de la plataforma de trabajo del Presidente Calderón y como hemos visto también es parte de las recomendaciones de la GAFI, GAFISUD y FIM, apuntan a que por medio de la identificación de Actividades Vulnerables (mismas que detallare más adelante) que a su vez deberán tener un tratamiento especial para efectos documentales y la obligación de realizar los Avisos (la información específica del acto u operación vulnerable) que deben darse a la SHCP (quien a través de la Unidad Inteligencia Financiera UIF procesa y analiza) se aproveche eficientemente por las autoridades competentes para desarrollar investigaciones que resulten en casos judicializados exitosamente.

Aunque me gustaría seguir con la historia, objetivos y la organización del tema es hora de comprender que contempla la Ley, quienes son los principales actores y en qué consisten sus principales obligaciones, derechos y sanciones.

Tema

Artículos

Disposiciones preliminares

1 al 4

De las Autoridades

5 al 12

De las Entidades Financieras

13 al 16

Sujetos obligados, Actos y Operaciones objeto del Régimen

17 al 22

Plazos y formas para la presentación de Avisos

23 al 25

Avisos por Entidades Colegiadas

26 al 31

Uso de efectivo y metales

32 al 33

De las visitas de Verificación

34 al 37

De la Reserva y manejo de la información<

38 al 51

De las Sanciones Administrativas

52 al 61

De los delitos

62 al 65

La LEY se discutió y votó en la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y entrara en vigor el próximo mes de Julio de 2013, la aplicación de esta Ley como la de cualquier otra no puede ser retroactiva a la fecha de su entrada en vigor.

El Ejecutivo Federal emitirá el reglamento de la presente LEY a más tardar en el mes de agosto de 2013, en virtud de ello los avisos a que se refiere la Ley se presentaran hasta la entrada en vigor del reglamento.

La restricción al uso de efectivo y la obligación de avisos entraran en vigor 60 días posteriores a la entrada en vigor del Reglamento de la LEY.

En mi opinión los convenios para el intercambio de información y acceso a base de datos entre entidades federativas, municipios y organismos autónomos deberán celebrarse en un plazo no mayor de 6 meses de la entrada en vigor de la Ley, sin embargo, el artículo transitorio que establece esta obligación es omiso en este aspecto, ya que el escenario más tardío seguirá siendo la entrada en vigor del reglamento.

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Lic. Ely Cohen Stevan