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LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA y LEY ORGÁNICA DEL TJA DE LA CDMX

Estimados Clientes y Amigos:

El pasado 01 de septiembre de 2017, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (LJACDMX) y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (LOTJACDMX), la primera es un ordenamiento novedoso, pero que se contenía en lo que era la segunda de las leyes mencionadas. Ambas abrogan a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que se había publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de septiembre de 2009; ordenamientos que entran en vigor el día 02 de septiembre de 2017, publicaciones con la cual se cumple disposiciones contenidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), dicho órgano jurisdiccional se actualiza a las disposiciones de la primera Constitución Política de la Ciudad de México y a los reclamos de la sociedad civil en materia de administración pública, por lo que para el TJACDMX, se realizan diversas adecuaciones, a otros ordenamientos, como la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, disposiciones que provocarán que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) cuente con Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, así como una sala especializada en dirimir las controversias en materia de derecho a la buena administración; el Reglamento Interior del Tribunal; el Reglamento de la Defensoría Jurídica y Orientación Ciudadana adscrito al TJACDMX; así como la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal.

En materia de competencia, el TJACDMX, además de las diversas competencias que ya tenía, adquiere facultades para imponer sanciones a las personas servidoras públicas locales y de las alcaldías por responsabilidades administrativas graves; fincar a las personas responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o de las alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos de dichos ámbitos de gobierno; recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento de los principios y medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena administración, bajo las reservas de ley que hayan sido establecidas; para tal efecto, de los juicios de Acción Pública por medio de los cuales las personas físicas o morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de representación vecinal, por presuntas violaciones a cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en su Reglamento, en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal; así como las demandas que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos de la Ciudad de México en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la Ley General de Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

Por su parte, la Ley de Justicia Administrativa, y entrando a la modernidad tecnológica, al igual que en el caso de los juicios federales, también podrá llevar el trámite de juicios de manera digital, por lo que los juicios serán, en vía ordinaria y en vía sumaria, y ambos podrán tramitarse de forma digital. En los juicios sumarios, éstos podrán tramitarse tratándose de aquellos asuntos en que para 2017 no excedan de la cantidad que represente 4,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de su emisión ($301,960.00) cuantía que sólo considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones, y que se trate de resoluciones: dictadas por autoridades de la Ciudad de México, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas vigentes en la Ciudad de México; las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado; y las recaídas a un recurso administrativo, cuando la impugnada sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

En el caso de los juicios digitales la regulación y lineamientos para su promoción entrará en vigor cuando el Pleno General lo determine mediante la emisión de un acuerdo general.

Quedamos a sus órdenes para ampliar este tema.
Reciba un saludo cordial y afectuoso